Las empresas son el motor de la economía.
Contribuyen al desarrollo económico y
social a través de la creación de empleo, el
desarrollo de habilidades y tecnología, así
como la provisión de bienes y servicios.
Sin embargo, las actividades empresariales
pueden tener impactos adversos sobre las
personas, el medio ambiente y la sociedad.
Por su parte, los gobiernos deben fomentar
el comportamiento empresarial responsable
a través de una combinación inteligente de
medidas obligatorias y voluntarias, y apoyar
la creación de un ambiente propicio para las
prácticas empresariales responsables.
Tres instrumentos —alineados y complementa-
rios entre sí— se han convertido en los
puntos de referencia clave para una empresa
responsable. En cada uno, la organización que
lo desarrolla aporta, sobre la base de su
mandato y experiencia, su propio valor
añadido.
Los tres instrumentos establecen que el impacto de las actividades empresariales se entiende más allá del impacto sobre la propia empresa y, por ende, se refieren al impacto que pueden tener las actividades empresariales sobre los derechos humanos —incluidos los derechos laborales, el medio ambiente y la sociedad— tanto positivos como negativos.
Estos instrumentos establecen un entendimiento común en cuanto a que las empresas pueden generar, contribuir o estar directamente vinculadas a consecuencias negativas (por medio de sus propias operaciones, productos o servicios, o a través de sus relaciones comerciales) al tiempo que proporcionan un marco acerca de cómo las empresas deben evitar y hacer frente a esos impactos.
Las empresas deben implementar la debida diligencia para identificar, prevenir, mitigar y responder a las consecuencias negativas reales y potenciales. Este proceso implica la consulta sustantiva con los grupos potencialmente afectados y otras partes interesadas relevantes.
Con respecto a los derechos laborales, la consulta con los trabajadores y organizaciones de empleadores es particularmente importante. Al ayudar a las empresas a comprender los impactos de sus actividades y aclarar las expectativas sobre la debida diligencia, estos instrumentos internacionales guían a las empresas sobre lo que deberían hacer para que conozcan y demuestren que se están comportando de manera responsable.
La Conducta Empresarial Responsable abarca no solo los impactos que una empresa puede causar o contribuir a través de sus propias actividades, sino también los efectos vinculados a sus operaciones, productos o servicios a través de sus relaciones comerciales. Esto incluye: socios comerciales, entidades en toda la cadena de valor tales como subsidiarias, proveedores, franquiciados, licenciatarios, empresas conjuntas, inversores, clientes, contratistas, consultores, asesores financieros, jurídicos (entre otros), así como cualquier otra relación no estatal o estatal.
En el contexto de los Principios Rectores, la diligencia debida en materia de derechos humanos constituye un proceso continuo de gestión que una empresa prudente y razonable debe llevar a cabo, a la luz de sus circunstancias (como el sector en el que opera, el contexto en que realiza su actividad, su tamaño y otros factores) para hacer frente a su responsabilidad de respetar los derechos humanos.
Cuando se habla de impactos sobre los derechos humanos, se pone el énfasis en el riesgo para las personas (que son las titulares de derechos), en lugar del riesgo para el negocio.
lgunas actividades empresariales, productos o servicios tienen intrínsecamente riesgo de trabajo infantil o de trabajo adolescente peligroso porque podrían causarlos, contribuir o estar directamente vinculados a ellos.
Impactan principalmente sobre los siguientes derechos fundamentales de la infancia (derechos humanos específicamente adaptados pues toman en cuenta la fragilidad, las especificidades y las necesidades propias de la edad de los niños):
Cargando guia...